Toluca, Méx.- Al presentar el Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género en el Estado de México, la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 60 Legislatura, sostuvo que la violencia política contra las mujeres limita el reconocimiento, el respeto y el ejercicio de sus derechos humanos y políticos y, paradójicamente, se visibiliza más en la medida que aumenta su participación en los cargos de representación política.
Al participar en la 2ª Sesión Extraordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, en presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Maurilio Hernández González, y Delfina Gómez Álvarez, delegada de Programas Sociales en la entidad del gobierno federal, Uribe Bernal dijo que la finalidad del protocolo es abonar a la transformación del ejercicio de los derechos humanos de los hombres y de las mujeres, ypromover el trabajo coordinado desde diferentes espacios públicos y privados.
La legisladora dijo que el protocolo es una herramienta para orientar la actuación de las autoridades competentes de la entidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política.
La diputada dijo que también pretende aportar a la construcción de una democracia integral en la cual se garanticen los derechos políticos de los mexicanos, que se refleje en la reducción de brechas económicas, sociales, culturales, políticas e institucionales que durante décadas han perpetuado desigualdades sociales, “principalmente para quienes, como las mujeres indígenas, esperan su incorporación a proyectos y programas concretos que se traduzcan en el mejoramiento de su calidad de vida”.
Mencionó que el Poder Legislativo mexiquense se suma a este ejercicio de corresponsabilidad institucional para contrarrestar los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, y a vivir una vida libre de violencia.
Conforme al protocolo aprobado, en la vertiente que corresponde atender a las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas, será obligado escuchar a las denunciantes y víctimas, analizar los hechos denunciados, solicitar medidas cautelares, atenderlas médica y psicológicamente y registrar los casos.
En una segunda vertiente, que corresponde a las instituciones de prevención, atención y coadyuvantes, se les ofrecerá orientación jurídica, encauzamiento de la víctima y el expediente, vinculación con redes de apoyo y seguimiento y acompañamiento del caso.
Crescencio Valencia Juárez, presidente del Observatorio, celebró la conclusión del documento pues por primera vez en la entidad se contará con un protocolo para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos político-electorales a plenitud.
